Dirigentes empresariales hicieron un llamado de no trasladar costos a los productos de la canasta básica que, según ellos, se mantiene en 4,300 lempiras.

Autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) exigieron ayer, en reunión de junta directiva, un nuevo mecanismo para fijar el salario mínimo correspondiente al 2011, con vigencia a partir del 1 de enero próximo.

También acordaron que no impugnarán la fecha de retroactividad, a partir del 1 de septiembre en el reciente salario fijado por el gobierno, por el orden de 5,886 lempiras para empresas que superan los 50 trabajadores en el área urbana.

“Estamos a las puertas de la nueva negociación de salarios y creemos que el sector obrero, gobierno y empresarial deben asumir una posición congruente con la situación de un país en crisis”, expresó el presidente del Cohep, Santiago Ruiz.

“Se debe buscar otro mecanismo, la Ley del Salario Mínimo es obsoleta, lo que se logra es enfrentar a los sectores productivos y ubicar al gobierno en una situación complicada que no queda bien, ni con uno, ni con otro”, consideró.

FORMULAS AUTOMATICAS

En ese sentido, el Cohep propone fórmulas automáticas en base a categorías y regiones, a manera que a partir del próximo 1 de enero, el sector empleador y el trabajador estén claros sobre los nuevos ajustes.

“Debemos volver a las actividades económicas y regiones del país, no es correcto establecer el mismo salario en una zona de Tegucigalpa, que en un lugar como Lempira, Gracias o Marcala, en La Paz”, contrastó.

“La cifras al final son reales cuando se habla de un crecimiento económico negativo el año pasado, las repercusiones y un crecimiento modesto en este año, todos se quejan que la situación está mala”, apuntó.

Según Ruiz, la mayoría de gremiales, afiliadas a esa organización están conscientes que el nuevo salario representó una decisión razonable de parte del gobierno y, sobre todo, congruente con la realidad económica que el país está viviendo.

“Llamamos al empresario hondureño a tratar de mantener los empleos y buscar eficiencia para tratar de no impactar en los productos por ese ajuste, pese a que se registran incrementos por energía eléctrica y materia prima”, exhortó.

RESPALDAN EMPLEO TEMPORAL

El Programa de Generación de Empleo Anticrisis, en discusión en el Congreso Nacional y cuya principal medida es la creación de un sistema regulatorio de trabajo por horas o a medio tiempo, también es respaldado por el Cohep.

Según legisladores, el fin primordial de ese decreto es establecer un programa especial de emergencia para fomentar el empleo digno, mantener los puestos de trabajo y evitar que crezcan los índices de desempleo y subempleo en el país.

“Evaluamos esa iniciativa y consideramos que es buena para el país, especialmente porque libera de una atadura que tenían muchas empresas que obligatoriamente pagan horas extras a un trabajador que está agotado”, señaló el vicepresidente del Cohep, Alejandro Álvarez.

“¿Dónde está lo malo de esa ley?”, preguntó Álvarez a sindicalistas que se oponen a la iniciativa. “Cómo pueden pensar que si yo tengo un mecánico, lo voy a partir para contratar un temporal, si me ha costado prepararlo, es increíble que piensen que vamos a partirlo en dos”, anotó.

Los dirigentes empresariales afirmaron que el programa especial se regirá en armonía con la Constitución de la República, la legislación laboral y de seguridad social y convenios internacionales suscritos y ratificados con la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

También sostuvieron que fomentará el empleo digno y decente, evitará el incremento en los índices de desempleo y subempleo derivados de la crisis, en el sector formal de la economía, y simultáneamente hará que estos trabajadores gocen de beneficios, como el Seguro Social.

“Es falso lo que arguyen los obreros y si tienen alguna objeción el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, pueden analizarlo y ese es el procedimiento a seguir”, expresó, por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Fernando García.

Un dictamen de la OIT, establece que la ley es perfectamente viable y no viola ningún convenio internacional, según el dirigente industrial.